JUSTICIA
ESPECIAL PARA LA PAZ… UNA HERRAMIENTA DE VENGANZA
Entre
la paz y la venganza, no hay afinidad
Mucho se ha
especulado sobre los alcances de los acuerdos de paz con la guerrilla de las
FARC, en especial lo que respecta a las personas que podrían ser objeto de
juzgamiento a través del sistema de justicia transicional creado de manera
exclusiva para la búsqueda de una paz estable y duradera.
Desde un principio, el
gobierno ha manifestado abiertamente que los expresidentes no podrán ser
juzgados por este sistema, así quedó establecido en los acuerdos firmados y en esa
forma fueron socializados para su aprobación por el pueblo, en el entendido de
que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre otros, jamás serían sujetos de
estos procesos especiales.
No obstante lo
anterior y en revisión de la página 149 del documento final, el cual expresa que
la JEP no modificarán las normas vigentes
aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de
conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política.
Dicho de otra manera, solo podrá investigar y juzgar al expresidente Uribe,
el Congreso de la República. Hasta allí no hay modificación a norma alguna,
empero, la competencia del legislador para con los presidentes o expresidentes,
se solo limita a los hechos u
omisiones ocurridas en el ejercicio del cargo.
Para nadie es un
secreto que los principales cuestionamientos que se le hacen al expresidente en
mención, guardan relación con hechos ocurridos desde mucho antes de llegar a la
presidencia, razón por la cual, la actitud del gobierno al desmentir que se
investigará al sujeto, resulta una actuación abiertamente dolosa, maquiavélica
y preparada previamente para utilizar la norma como provisión de desquite en
contra de quienes no comparten sus ideas.
Muchos en un acto de
estupidez sublime celebraran esta perspectiva de la norma, es decir, festejaran
haber sido engañados por Santos y las FARC, porque se puede juzgar a Uribe, sin
embargo, todo sabemos que en el efecto boomerang, la actuación de mala fe se
devuelve, porque inclusive hasta el mismo Santos puede ser llamado a juicio por
la JEP, en tratándose de los falsos
positivos ocurridos en el ejercicio de sus funciones como Ministro de Defensa.
Quien haya cometido
un delito deberá responder por el mismo como principio universal de justicia, pero
no se puede pretender alcanzar una reconciliación en una sociedad que es
engañada burdamente con la expedición de normas que se constituyen en
herramientas de venganza, porque no hay situación más perturbadora para la paz
duradera y sostenible que el deseo de venganza.
ANGELLOTH@HOTMAIL.COM
@ANGELANDRESTH